3. HACIA UNA ECONOMÍA
PRODUCTIVA
La apuesta de los
últimos años por un modelo extractivista aumentó la fragilidad de la economía
colombiana, agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y
el cambio en el uso de energías. A esto se suma las inequidades entre
actividades productivas del campo, el creciente proceso de potrerización,
monocultivos y deforestación, además de la concentración de la tierra que ha
estado siempre en el centro del conflicto interno.
El trabajo como
generador de riqueza y libertad
Conducir el país
hacia una era de paz implica un tipo de economía que permita que la población colombiana
goce de un buen vivir a partir de los ingresos de su trabajo. La única riqueza
válida es aquella que nace del trabajo; el dinero fácil ha hecho que nuestro
país sea consumido por la corrupción y la violencia. Por eso nuestro gobierno,
en el marco de la transformación del modelo económico, la redistribución de la
tierra y la vinculación de las ciudadanías al saber, las redes y la tecnología,
adoptará medidas para generar y mantener trabajo decente con condiciones dignas
de remuneración, estabilidad, seguridad social y calidad de vida tanto a nivel
urbano como rural.
Buscaremos una
formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral y
empresarial, pero con apego a la garantía de derechos de tal forma que la
población dependa cada vez menos de los subsidios y pueda escapar a la trampa
de la pobreza. Estimularemos los emprendimientos individuales y colectivos, con
miras al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, democratizando las
condiciones que permiten trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua,
las energías no contaminantes y, por supuesto, el crédito. Crearemos un banco
público de economía popular, que dé crédito a esos hombres y mujeres que han
sido rechazados por los bancos y víctimas de los préstamos “gota a gota”.
Impulso a actividades
productivas
El gobierno de la
Colombia Humana asumirá la transición y la recomposición de la economía
mediante el fortalecimiento de la agricultura, la reindustrialización en
sectores estratégicos, el incremento de la inversión ambiental y en ciencia y
tecnología, para estimular cambios tecnológicos y la gestión de la
biodiversidad, todos ellos como factores de dinamización económica.
Reindustrializaremos
sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio
tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y
de gestión integral de residuos sólidos y líquidos, entre otros; fomentaremos
el desarrollo científico y tecnológico, así como la consolidación y la
estabilización de pequeñas y medianas empresas. Diversificaremos nuestras
exportaciones para que no dependan de un solo producto, habrá mayor educación y
formación científica para producir y exportar bienes y servicios inteligentes,
rentables y útiles a la sociedad.
Pondremos al alcance
de la gente y de las pequeñas y medianas empresas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación para favorecer el acceso al conocimiento, promover el
desarrollo económico y mejorar su oferta de empleo.
Renegociaremos los
Tratados de Libre Comercio, sobre todo, las cláusulas de protección de la
inversión que implican renuncia a nuestra soberanía, teniendo como aliados a
los empresarios, particularmente los pequeños y medianos. Defenderemos el
desarrollo industrial del país con medidas que equilibren la balanza comercial,
protejan el mercado interno y nos garanticen participación efectiva en mercados
internacionales. Incentivaremos la producción y el consumo nacionales para
proteger nuestra base productiva agropecuaria e industrial.
Impulsaremos el
desarrollo turístico del país, con énfasis en turismo sostenible, histórico,
cultural y de negocios. Los beneficios económicos del turismo llegarán
directamente a las comunidades locales.
Cambio climático,
superación del extractivismo y transición energética
Enfrentar los
desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes retos de nuestro
país y del mundo en los próximos años, que implica trasformaciones profundas en
el modelo económico y no solo mejores políticas ambientales: uno de los principales
cambios consiste en la disminución del uso de energías fósiles.
Para esto se requiere
el fortalecimiento del papel del sector público mediante ajustes en el marco
normativo, mejora de la investigación científica y promoción de conversión
tecnológica en las actividades productivas con mayor potencial para una
economía donde lo ambiental sea priorizado. Entre ellas tenemos inversión en
conservación de bosques, reducción de la deforestación, tecnologías de
producción agrícola y pecuaria con menores emisiones de gases efecto
invernadero, transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles
o energías no renovables; manejo de residuos; control a la expansión urbana
física, estímulos dirigidos a mejorar la calidad de vida y el empleo en ciudades
de talla media, como medida para evitar el crecimiento de grandes centros
urbanos.
Partimos de la
diferenciación entre la extracción de minerales y la del petróleo. La primera
exige un replanteamiento inmediato de las reglas de juego, mientras que la segunda
implica entrar en una fase de transición hacia la reconversión.
En nuestro gobierno
el fracking no será permitido, la gran minera de oro a cielo abierto tampoco.
Se restringirá y condicionará la minería a cielo abierto en función de la
protección ambiental y la equidad social. Los contratos de extracción de carbón
no serán renovados, ni se permitirán intervenciones que afecten el acceso al
agua y la seguridad alimentaria de las comunidades que residen en la zona. El
carbón que se extrae es destinado a la exportación y los ingresos fiscales que
ella genera no tienen ninguna proporcionalidad respecto a sus efectos sociales
y ambientales. De manera inmediata se adelantará un programa compensatorio de
desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la
zona y, en particular, de los pueblos indígenas.
La pequeña minería
dirigida al consumo interno será objeto de un programa concertado orientado a
disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los
actores regionales. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y
fiscales sobre la minería en curso.
Respetaremos las
decisiones democráticas de las consultas populares y se asignarán recursos para
programas de desarrollo productivo en las zonas donde se decide no continuar
con la extracción minera. Exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación
de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los
ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones
afectadas. Nacionalizaremos las reservas mineras y aumentaremos la renta minera
mejorando vigilancia, contabilidad y fiscalización.
Le quitaremos a las
mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala,
se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación
y acompañamiento a la reconversión a otras actividades productivas.
Ecopetrol, sin
perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición, se
convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la
implementación de energías renovables.
Ajustaremos la
regulación y adoptaremos políticas de promoción para que las empresas del
sector eléctrico desarrollen tecnologías de producción de energía hídrica
descentralizadas y de pequeña escala, que no utilicen represas o embalses, sino
que aprovechen la fuerza del caudal del río.
Cambiaremos
progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en
nuestras casas; empezaremos a usar energías que no contaminen, que sean más baratas
y que incluso puedan producir ingresos para las personas. Esta transición será
pública y privada y nos llevará del petróleo, el gas y el carbón a las energías
solar, eólica, geotérmica y de las mareas, entre otras.
Democratizaremos la
producción y la distribución de la energía; se desarrollará un programa de
paneles solares, con el cual las comunidades mejorarán sus condiciones de vida
y podrán eventualmente beneficiarse económicamente.
Transformar el
latifundio improductivo e impulsar la economía campesina
En la Colombia Humana
no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva,
pero será objetivo prioritario que progresivamente ingresen a la producción de
alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas
que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno.
Hay que detener el
aumento de la frontera agrícola, impulsando el desarrollo productivo de las
zonas planas y de sabana con vocación agrícola, para frenar la deforestación, uno
de los principales problemas ambientales que enfrenta el país.
Una tarea de nuestro
gobierno consistirá en reducir las desigualdades en las condiciones de vida de
las poblaciones rurales, respecto a las urbanas. Aplicaremos los instrumentos
previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social
de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra. De esta forma se
harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, los
territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles
interandinos y del caribe, se distribuirá tierra entre las víctimas del
conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, que
llegarán a las ciudades a través de canales de comercialización más equitativos
y se armonizará la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.
Uno de los
principales instrumentos para aumentar la oferta de tierras productivas y
democratizar el acceso a la tierra será el impuesto predial rural, con tarifas
crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de
producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo. Además de
establecer tarifas mínimas en las normas nacionales, de acuerdo con esos
criterios, se dará prioridad urgente a la actualización prioritaria del
catastro en las zonas de mayor concentración de la tierra.
Los recursos
provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas se
destinarán a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina
local y regional y al desarrollo de programas sociales municipales que mejoren
las condiciones de vida de la población rural dedicada a labores agrícolas y
pecuarias.
Se impulsarán los
distintos instrumentos del Fondo de Tierras y se formará, donde sea necesario,
se actualizará y modernizará el catastro multipropósito como primer paso para
asegurar la identificación de las propiedades rurales y, consecuentemente, el
reconocimiento de la posesión, es decir, la relación directa y material con la
tierra. Así, se avanzará luego en el otorgamiento de títulos que protejan
contra la desposesión violenta y contra la imposición de relaciones feudales
aún presentes en las zonas rurales. El catastro multipropósito también será la
base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad y la
protección y el apoyo financiero y con oferta de bienes públicos de la pequeña
agricultura. Con ese fin se implementarán las zonas de reserva campesinas, la
adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan
las organizaciones campesinas con una perspectiva regional, así como las
empresas asociativas y alianzas fuertemente regulados con el sector
agroindustrial.
Para que la economía
campesina sea sostenible, es necesaria la construcción o el mejoramiento de
vías secundarias y terciarias que permitan reducir los costos de intermediación
de los productos, así como la construcción de infraestructura productiva para
potenciar la productividad de las comunidades rurales y la generación de valor agregado
a la producción agropecuaria. Las vías que serán priorizadas serán definidas en
el Plan de Desarrollo conjuntamente con las organizaciones campesinas,
estableciendo criterios de equidad regional en función de los recursos que se
asignen.
Se revitalizarán los
mercados campesinos en todo el país, para que allí sea posible la
comercialización directa de los productos del campo a la mesa, y se facilitará
el acceso al crédito a las familias campesinas y a proyectos cooperativos o de
economía solidaria. Se regulará el mercado de insumos agropecuarios, fomentando
el uso de prácticas y productos limpios y el manejo integrado de plagas,
igualmente se protegerán las semillas como patrimonio cultural y base
fundamental de la soberanía alimentaria. Para logar todo esto, fortaleceremos y
estimularemos la asociatividad entre pequeños productores. Además, con las
organizaciones campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes,
pondremos en marcha la estrategia nacional custodios de semillas.
Ordenamiento territorial
en torno al agua
La Colombia Humana se
compromete a la implementación efectiva de las normas constitucionales en
materia ambiental, al cumplimiento de sus compromisos internacionales y a
recuperar la visión original del sistema ambiental, apoyada en la participación
activa de las organizaciones con base en el territorio, en la definición de las
políticas y sus instrumentos y en la gestión ambiental.
El desarrollo será
orientado desde lo territorial y el territorio se ordenará en torno al agua.
Nuestras acciones de gobierno dejarán de lado la segmentación entre políticas
minero-energéticas y recurso hídrico y forestal, impacto sobre las cuencas y
oferta de agua para la agricultura y el consumo humano, para ser replanteadas
desde una visión integral de gestión del agua y del cambio climático. La
disponibilidad y la calidad del agua serán priorizada en las decisiones sobre
la expansión minera y petrolera, también se tendrán en cuenta los impactos y el
resarcimiento de los daños causados por la actividad minera y de hidrocarburos.
Las principales
tareas serán la lucha contra la deforestación, la protección de los páramos y
del sistema de áreas protegidas, así como la incorporación de criterios de
sostenibilidad de las distintas actividades productivas.
Junto con las
comunidades locales, se ejecutará la política nacional de restauración de los
ecosistemas acuáticos y terrestres, en especial las áreas afectadas por la
guerra y por la actividad extractiva. Se reforzará la atención a la defensa de
los ecosistemas marinos y áreas insulares, recuperaremos nuestras costas y
playas como espacios públicos fundamentales para la adaptación al cambio
climático, detendremos la deforestación en el territorio colombiano comenzando
por la Amazonia, la Orinoquia y las selvas del Pacífico.
Fortaleceremos un
ordenamiento del territorio democrático, participativo y equitativo entre las
regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, partiendo de
tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del
agua; los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades
afros y raizales; el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción
agraria y urbanización.
Se reforzarán y
actualizarán los determinantes ambientales de superior jerarquía de los planes
de ordenamiento territorial y la armonización de los distintos instrumentos de
planeación ambiental, con sistemas de información geográfica accesibles a todos
los actores y con incorporación en el catastro multipropósito, para reducir los
conflictos de usos y mejorar las condiciones de gestión y control de las áreas
protegidas. Las decisiones sobre minería y explotación petrolera se incluirán
en los planes de ordenamiento territorial, al cabo de procesos de concertación
especiales entre autoridades y organizaciones municipales, corporaciones
autónomas regionales y Ministerio de Ambiente con las autoridades mineras, con
base en una revisión integral de las distintas condiciones de ordenamiento del
territorio, la oferta hídrica y la actividad productiva.
Se fortalecerá la
institucionalidad ambiental y se incorporará como componente esencial, de
manera transversal en las distintas autoridades y entidades sectoriales.
Tendremos autoridades ambientales que cumplan con su misión constitucional,
blindadas contra intereses políticos y corruptos, verdaderamente autónoma y con
una jurisdicción basada en las cuencas hidrográficas. Las autoridades indígenas
y de comunidades afrodescendientes actuarán como autoridad ambiental en sus territorios
respectivos. Las licencias ambientales se otorgarán en función de la defensa
del territorio, garantizando los derechos de la naturaleza. En Colombia Humana
abandonaremos la idea de que “quien contamina, paga” para desarrollar el
principio de “invertir e innovar para no contaminar”.
El gobierno nacional
trabajará de la mano de los campesinos y sus organizaciones, pueblos indígenas
y afrodescendientes para proteger los Parques Nacionales Naturales y las demás
áreas protegidas del país, con respeto por los derechos de quienes habitan en
estos lugares y el desarrollo concertado de prácticas sostenibles.
El agua es quien nos
gobierna y no nosotros a ella: debemos cuidarla. El agua es vida, es un derecho
fundamental y un bien común de la humanidad; por eso pondremos todo nuestro
empeño en descontaminar y renaturalizar las cuencas hidrográficas y proteger
los nacimientos de agua, promoviendo el ahorro y el uso eficiente del agua.
Haremos de nuestras
ciudades y municipios, de nuestras veredas y corregimientos, territorios menos
vulnerables y con mayores capacidades para reducir los riesgos y los desafíos
del cambio climático. Una de nuestras prioridades será la protección de la vida
de las personas que habitan en zonas de riesgo y el fortalecimiento de los sistemas
nacional, regional y municipal de gestión integral del riesgo.
En nuestro país no
habrá más corridas de toros, peleas de gallos ni ningún espectáculo que haga
sufrir a los animales. Los animales no son objetos sino seres sintientes que
tienen derechos y, por lo tanto, promoveremos su trato digno y enfrentaremos
con firmeza el tráfico de fauna silvestre.
Un país que avanza
hacia la justicia climática
Colombia Humana se
propone avanzar hacia una justicia climática que restablezca los desequilibrios
sociales y económicos, que promueva la eliminación de la segregación y que
reduzca las vulnerabilidades de los territorios mediante la generación de
capacidades de los entes territoriales, los sectores económicos y las
comunidades. Vislumbramos una justicia climática que permita reconocer la
prevención de riesgos de desastres como un derecho colectivo y que posibilite
la equidad territorial para enfrentar los desafíos del cambio climático
mediante la redistribución de bienes y servicios la infraestructura, el acceso
al agua potable, el saneamiento ambiental, la renovación de ciudades y la
revitalización de pueblos y municipios.
Se fortalecerán las
capacidades de los pequeños municipios para que no desaparezcan y, por el
contrario, se conviertan en la base del fortalecimiento del campo y la
dignificación de la vida campesina; para que no pierdan su identidad cultural y
territorial por causa de la presión urbana, impulsaremos la construcción de
equipamientos colectivos y de desarrollo productivo como estrategia de
repoblamiento y mejoramiento de la calidad de vida.
Se fortalecerán los
institutos de investigación y se unificarán los sistemas nacional, regional y
municipal de gestión de riesgo y cambio climático. Nos preocuparemos por
otorgar a los municipios recursos económicos, técnicos y humanos para reducir
los riesgos existentes y prevenir los riesgos futuros generados por el cambio
climático.
Será un objetivo
central, proteger la vida de las familias en riesgo mediante el reasentamiento
con diversidad de alternativas, retorno, reactivación económica y de medios de
vida, proyectos colectivos de vivienda y repoblamiento de pueblos y zonas
rurales.
Se recuperarán las
playas, las costas y zonas de baja mar como bienes de uso público, ambiental y
mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad ante el aumento del nivel del
mar por el cambio climático.
Nuestro gobierno
promoverá iniciativas productivas locales resilientes a través de un proceso de
investigación y participación de las comunidades vinculadas, incorporando y
amplificando la diversidad de semillas, las fuentes de energía de agua y los
sistemas de refuerzo o de sustitución de cultivos.
La Colombia Humana
desarrollará sistemas de movilidad humana sostenible que contribuyan a la
construcción de paz y al desarrollo de alternativas productivas basadas en
modelos sostenibles que reduzcan las emisiones de carbono y sean resilientes al
cambio climático. Se plantean en tal sentido la recuperación y la tecnificación
de corredores férreos para transporte de carga y pasajeros; la rehabilitación
de navegabilidad de los ríos que no se afecten con el tráfico fluvial; la
rehabilitación, la ampliación y el mantenimiento de las vías secundarias,
terciarias y vecinales para el desarrollo rural integral con uso de materiales
locales, mejorados y estabilizados que minimicen los procesos de extracción de
fuentes de materiales a grandes distancias.
Se revitalizará la
empresa SATENA, que cuenta con la experiencia y la capacidad de ampliar sus
servicios de manera competitiva a los diferentes destinos nacionales con flotas
de mayor capacidad, que puedan interconectar las diferentes zonas del país.
Las ciudades en la
economía productiva
El gobierno nacional
acompañará los programas de los gobiernos de las ciudades dirigidos a apoyar
las actividades productivas urbanas, la pequeña y mediana empresa, las
actividades industriales estratégicas y los servicios que incorporen
innovación.
El ordenamiento
territorial debe superar la falsa dicotomía rural-urbano, de manera que la sostenibilidad
de las dinámicas urbanas será evaluada y planeada teniendo en cuenta el
territorio en el que se ubican a distintas escalas.
Se evaluarán los
instrumentos de integración regional y se ajustarán para facilitar la
conformación de categorías y acuerdos de organización regionales. Mientras se
avanza hacia la formalización de estos figuras, se establecerán mecanismos
regionales de toma de decisiones de aspectos cruciales en los planes de
ordenamiento sujeta a la aprobación consensuada de los gobiernos municipales
involucrados, particularmente en gestión del agua, gestión del riesgo, manejo
de residuos, suburbanización y expansión urbana, a partir de información y
diagnósticos integrados que serán proporcionados por las gobernaciones. Este
mecanismo se asumirá como un primer paso para crear escenarios de consenso y de
construcción de confianza en la gestión regional.
Al igual que en el
campo, se mejorará la progresividad tributaria y el estímulo al incremento de
los ingresos fiscales de las ciudades y, particularmente, del impuesto predial.
Se formulará una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación
socioespacial y a adoptar programas de inclusión.
Se aplicarán a fondo
los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el
mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación urbana
con base en la movilización de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos
legales que han impedido que presenten un mejor desempeño. Los gobiernos
urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de
financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución equitativa
de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus infraestructuras,
sobre todo las de movilidad, y para que los recursos nacionales puedan
dirigirse prioritariamente a la reconversión productiva, a los programas
sociales para superar desigualdades estructurales y a cerrar las brechas
urbano-rurales.
La segregación
socioeconómica en el espacio se presenta en las ciudades y en todas las
regiones del país. Es necesario mejorar las condiciones de convergencia, en
términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos
donde se concentra la pobreza. Soacha se aleja de Bogotá, Soledad de Barranquilla,
a pesar de compartir el mismo territorio y tener fuertes interacciones de
movilidad residencial, mercados inmobiliarios y de trabajo. Los mecanismos de
integración regional deben tener como ejes articuladores lo ambiental, la
movilidad y, desde el punto de vista social la reducción de las brechas
sociales.
Se concertarán con
los gobiernos municipales políticas para controlar el crecimiento urbano
expansivo, y para mejorar la oferta de suelo bien localizado para la
construcción de vivienda para las familias de bajos recursos y de ingresos
medios. Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las
organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las
familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover
programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades
económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés
prioritario y social y en alquiler.
Se afianzará la
política de subsidios a la oferta, a través de proyectos con las entidades
territoriales, con los empresarios privados y con organizaciones populares de
vivienda. Los programas nacionales buscarán diversificar los agentes del sector
de la construcción, dando apoyo prioritario a empresas medianas y pequeñas, que
desarrollen proyectos de mediana y pequeña escala, que favorezcan la mezcla
social y la inserción de la vivienda de interés social y prioritaria dentro de
los tejidos urbanos.
Los instrumentos de
uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria
de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán
fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará
condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a
vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el
crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro
urbano.
En las ciudades
intermedias y pequeñas se promoverán programas de autogestión con desarrollo
progresivo.
También pondremos en
marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las
organizaciones sociales para la legalización, el mejoramiento integral de
barrios y viviendas, la adaptación al riesgo y el reconocimiento legal de las
edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en
autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y
seguridad. Se creará un fondo nacional para la financiación de programas de
mejoramiento integral de barrios, para sumar a los recursos municipales, con el
requisito de que incluya vivienda nueva y potencie las inversiones en
mejoramiento.
Además de los
instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los
gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y
distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para
introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo y el transporte
eléctrico. Esto último es condición esencial de la estrategia para enfrentar el
cambio climático y mejorar las condiciones de salud por contaminación, que
empiezan a ser críticas en Bogotá y Medellín y cuyas soluciones no dan espera.
Promoveremos el uso de la bicicleta, facilitaremos el desplazamiento a pie en
cortas distancias y reduciremos impuestos a los vehículos eléctricos y de
tecnologías limpias.
Garantizaremos el
suministro de agua potable en todo el territorio nacional y se establecerá el
mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios
pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes
tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y
cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas
para reducir los impactos a la naturaleza. Mejoraremos calidad y reduciremos
costos de los servicios públicos domiciliarios.
En nuestro gobierno
se irán cerrando los rellenos sanitarios a cielo abierto para ser remplazados
por tecnologías alternativas. Se promoverá el consumo responsable bajo enfoque
de “Basura Cero”, para reducir la cantidad de basura. Se impulsará el
desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan
eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento. Se pondrá en
marcha un programa nacional de inclusión de la población recicladora al
servicio de aseo, en la línea de las sentencias de la Corte Constitucional. Se
modificará el régimen de los servicios de agua potable y saneamiento básico
para permitir la conformación y prestación de los servicios de empresas
públicas y comunitarias.
Fortaleceremos un
ordenamiento territorial democrático, participativo y equitativo entre las
regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, que tendrá
tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del
agua, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades
afros y raizales y el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción
agraria y urbanización.
Adoptaremos, de la
mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales,
instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos
ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización
urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares
tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en
alquiler.
La política urbana
nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida
y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y
reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes. Se promoverán
programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda
de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de
revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de
vivienda de interés social y prioritario.
