4. JUSTICIA AUTÓNOMA
Y LIBRE DE PRESIONES
POLÍTICAS
Adoptaremos medidas
para que la ciudadanía acceda expeditamente al sistema judicial. Garantizaremos
a la población el acceso a los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales consagrados por la Constitución Política. Haremos un mayor
énfasis en la ética aplicada al ejercicio del derecho, tanto en la formación
académica como en el control del desempeño profesional: lo legal debe
identificarse con lo ético.
Haremos más
transparente y efectivo el sistema judicial, garantizando seguridad jurídica.
Trabajaremos para reducir tiempos y respetar términos en los procesos
judiciales, garantizando la independencia del sistema acusatorio y el acceso a
la protección jurídica de oficio.
Descongestionaremos y
democratizaremos el acceso a la justicia mediante herramientas tecnológicas y
la simplificación de trámites y gestiones. Fortaleceremos los mecanismos
alternativos para solución de conflictos.
En nuestro gobierno,
aunaremos esfuerzos en dotar al sistema judicial de independencia y autonomía
suficientes para cumplir sus fines libre de presiones indebidas y de
corrupción.
La justicia necesita
de una reforma estructural que le permita cumplir con sus objetivos de manera
eficaz, con autonomía administrativa y presupuestal, alejada de intereses de
grupos, y de injerencias políticas. Aunado a lo anterior, trabajaremos por:
Despolitización y
meritocracia: los miembros de las altas cortes serán elegidos en función de sus
méritos, su experiencia, su ética y transparencia en su hoja de vida, con
independencia de los poderes ejecutivo y legislativo y libremente de las
injerencias de terceros o intereses particulares.
Reformulación del
Consejo Superior de la Judicatura: será reemplazado por un organismo gerencial
que administre la logística de la justicia mediante un sistema de gestión
administrativa eficiente.
Profundización de la
oralidad en los procesos judiciales: se busca continuar con la agilización de
los procedimientos. Se reformularán los códigos de procedimiento con el fin de
encontrar salidas eficientes y oportunas a los conflictos que se someten a la
justicia.
Investigación y
sanciones a aforados: las conductas y responsabilidades de magistrados,
procurador general de la nación, contralor general de la república y fiscal
general de la nación serán investigadas y juzgadas por un órgano que actúe
rápida, rigurosa e imparcialmente. Magistratura y judicatura dejarán de ser
plataformas electorales y de beneficios económicos
Mejoramiento del
Sistema carcelario y penitenciario: las cárceles continúan siendo un grave
problema para el Estado y la sociedad colombiana en general. Aquí convergen la
impunidad, la morosidad, la congestión y la selectividad de la Justicia. Se
busca solucionar esta problemática y transformar las cárceles en verdaderos
espacios de rehabilitación.
Garantías para la
movilización y la protesta social
Una sociedad que
permite la protesta es una sociedad que respeta la diversidad y el carácter
pluralista de la ciudadanía. Nuestro gobierno garantizará el ejercicio del
derecho a la protesta, al igual que derechos asociados, tales como los derechos
a la asociación, a la reunión y a la libertad de expresión.
Entendemos la
protesta, la que no afecte los derechos de los demás, como un acto democrático,
como una expresión ciudadana, como un mecanismo de control al ejercicio
gubernamental y no como un delito. Por lo tanto, será el diálogo respetuoso, y
no la represión, la base de nuestra respuesta institucional.
Justicia y Seguridad
para vivir sin miedo y con libertad
Nos comprometemos con
la consolidación de una paz que trascienda a muchas generaciones en el futuro,
con la convivencia y con la seguridad en todo el territorio nacional.
Trabajaremos para que el pueblo colombiano goce de Seguridad Humana, es decir
que la gente disfrute de las libertades individuales y colectivas y a la vez
reduzca los miedos e incertidumbres que la desigualdad social impone.
Protegeremos la
integridad y la vida de las personas bajo un modelo que articule prevención,
intervención social y acción oportuna y eficaz de la fuerza pública bajo un
enfoque de derechos. Promoveremos acciones integrales contra las diversas
causas que degradan las condiciones de vida e influyen en la comisión de actos
delictivos.
Se perseguirá y
sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha
frontal contra delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada,
pronta y efectiva.
Se instituirá una
política antinarcóticos integral. Las víctimas de adicción al consumo de
sustancias psicoactivas serán tratadas bajo un enfoque de salud pública, no como
delincuentes.
Paz con Justicia
En nuestro gobierno
terminarán la mentira y la impunidad frente a la violencia de más de cincuenta
años. Las víctimas y la sociedad colombiana conocerán la verdad y tendrán la
garantía de que se aplicará justicia efectiva y pronta contra los victimarios.
Las tierras
arrebatadas por la violencia, las mafias y la politiquería a las víctimas les
serán devueltas sin demora, acompañadas de capital de trabajo, tecnología y
acceso a mercados justos para asegurar la productividad y la generación de
ingresos. Todos los programas incluyendo salud, educación y vivienda serán
integrales y tendrán en cuenta las necesidades especiales de las víctimas para
el restablecimiento pleno de sus derechos.
Militares y policías
para una era de paz
La terminación del
conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, las misiones y la doctrina
del sistema de seguridad nacional. Se fortalecerán la cohesión y la solidez
institucional de estos cuerpos. Se realizarán los arreglos institucionales para
que el servicio militar deje de ser obligatorio y para que todos los miembros
de la fuerza pública accedan a la universidad. Menos combatientes y más
estudiantes.
El planeamiento y la
dirección estratégica de las fuerzas militares se orientarán a defender la
soberanía, la independencia y la integridad territoriales, protegiendo a la
población civil, en el marco del Estado Social de Derecho.
Fortaleceremos las
capacidades técnicas, tecnológicas, estratégicas, tácticas, logísticas y
operativas de la fuerza pública con el fin de garantizar su eficacia,
intensificando a su vez la formación en asuntos civiles y respeto a los
derechos humanos, fortaleciendo los lazos con la sociedad civil en general. Se
desarrollarán esquemas de intervención con base en el contexto particular de
cada región.
